¿Qué sociedades autónomas ya han flexibilizado los ecoesquemas de la PAC?

Las Comunidades Autónomas que hayan decidido flexibilizar algunas prácticas agrícolas y ganaderas en relación con el apoyo a los regímenes voluntarios a favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal (ecoregímenes) recogidos en el Plan Estratégico Conjunto para la Agricultura Política (PEPAC) son ocho hasta el momento: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Valencia, Galicia, Cantabria y La Rioja, y es muy probable que Castilla y León se sume pronto.

Algunas de ellas, como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o la Región de Murcia, publicarán sus respectivas resoluciones en los respectivos boletines oficiales autonómicos. Otros, en cambio, no lo han hecho o lo harán próximamente.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicó un Solución de 5 de octubre, en el que se establece el régimen transitorio de flexibilidad a adoptar por las autoridades competentes de las comunidades autónomas en relación con este tipo de ayudas, que es la principal novedad del PEPAC, que entrará en vigor el próximo año.

Se trata de excepciones a determinadas exigencias de los ecoregímenes contenidas en el proyecto de real decreto de ayudas a la futura PAC, que aún está pendiente de aprobación y que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Dado que los agricultores y ganaderos deben tomar algunas decisiones antes de que se promulguen dichas normas, FEGA consideró necesario que las CCAA adopten a la brevedad cierta flexibilidad en los requisitos que se impondrán a los agricultores. de los ecoregímenes teniendo en cuenta las necesidades y realidades de sus respectivas regiones.

FEGA aclara que estas exenciones o flexibilizaciones se acordarán “en su totalidad para marzo de 2023″, momento en el que ya estará en vigor este Reglamento”, aunque destaca que “las decisiones productivas de los interesados ​​deberán tomarse en determinados casos con cierta con antelación, teniendo en cuenta calendarios de siembra o plantación para cultivos de ciclo anual”, siendo necesario que se les permita conocerlos cuando lo necesiten.

Tales exenciones afectan las prácticas de pastoreo extensivo, siega y ecosistemas de biodiversidad de pastizales; en rotación de cultivos y siembra directa en terrenos agrícolas; en cubiertas vegetales y cubiertas inactivas en cultivos leñosos y en espacios de biodiversidad.

La política agrícola común para 2023 destina un total de 1.107 millones de euros (un 23% del total de los pagos directos previstos) para financiar este tipo de agricultura agroganadera, que va más allá en su apuesta de lo que el pago hasta ahora ha ido “ecologizando”. (“greening”) y las condiciones del apoyo y cuya asociación es voluntaria para los agricultores y ganaderos.

Sin embargo, si no se acogen a ninguna de las nueve modalidades permitidas, tampoco reciben esta ayuda, que no se suma a la que ya han recibido por pagos directos de la política agrícola común, sino que sale de su presupuesto.

Con carácter general, no es necesario tener derechos de cobro para acogerse a estas prácticas y acogerse a estas ayudas, a excepción de las prácticas en superficie de espacios de biodiversidad en terrenos agrícolas y cultivos permanentes, donde es necesario cumplir con el estatuto de agricultor activo y beneficiario del apoyo a la renta básica para la sostenibilidad (ABRS), es decir, tener al menos un derecho de pago.